Tomado de Rebelion.org

La Casa Blanca de George W. Bush está intentando convertirse en la presidencia más poderosa en la historia moderna de este país, empleando la llamada «guerra contra el terror» como justificación de sus poderes extraordinarios y casi siempre secretos, advierten legisladores, editorialistas y analistas.

Ayer, el Comité Judicial del Senado (vale recordar que está en manos del Partido Republicano) sostuvo audiencias en donde varios senadores, incluyendo el presidente del comité, el republicano Arlen Specter, acusaron al presidente de un intento «sin precedente» de incrementar el poder presidencial. Se reveló que el presidente ha empleado un instrumento por el que se ha otorgado la autoridad para enmendar o ignorar a su discreción más de 750 leyes desde que asumió su puesto. De acuerdo con la revista Harpers, ese número de «excepciones» supera el total de todos los presidentes de la historia del país, cuyo total acumulado desde George Washington es de 568.

El mecanismo es un memorando que firma el presidente al promulgar ciertas leyes donde se otorga el derecho de no cumplir con aspectos de estas mismas normas, si él considera que podrían violar la Constitución o la seguridad nacional. Por ejemplo, criticó Specter, Bush empleó el mecanismo para reservarse el derecho de interpretar a su gusto la ley contra tortura aprobada abrumadoramente por el Congreso, también medidas para someter a supervisión legislativa disposiciones de seguridad interna contenidas en la Ley Patriota.

No sólo eso, sino los programas de vigilancia y espionaje de ciudadanos estadunidenses revelados últimamente -el más reciente, el monitoreo de transacciones bancarias internacionales y las intervenciones de comunicaciones electrónicas revelado hace seis meses- han provocado alarma entre algunos legisladores, agrupaciones de defensa de derechos humanos y libertades civiles, y de un creciente número de funcionarios de carrera del mismo gobierno (fuente de las filtraciones de éstos y otros programas secretos).

A todo esto también se pueden agregar los programas clandestinos de detención secreta de tal vez miles (nadie sabe) de extranjeros, investigaciones secretas sobre usuarios de bibliotecas, el empleo de tortura y otras medidas que, según algunos, violan leyes estadunidenses. En respuesta, el presidente y su equipo han insistido en que todo es legal bajo los poderes de «emergencia» que se le otorgaron a la presidencia después del 11 de septiembre.

«Desde el 11 de septiembre, el gobierno de Bush ha tomado la necesidad de mayor vigilancia contra el terrorismo y la ha transformado en una justificación para un rama ejecutiva extraordinariamente poderosa, eximida de los límites y equilibrios de nuestro sistema de gobierno», opinó hoy el New York Times en su editorial. «Ha creado nuevas y poderosas herramientas de vigilancia y rehusado, casi como asunto de principio, emplear los procedimientos que reconocen que o el Congreso o los tribunales tienen un papel de supervisión».

Ante esta acumulación de poder, quien cuestione esto es ferozmente confrontado por este gobierno. Hasta la fecha, el gobierno de Bush ha logrado invertir toda acusación de posible abuso de poder en un cuestionamiento de la lealtad e integridad de sus acusadores. Además de los «terroristas» potenciales, todos quienes revelan secretos de Estado, se atreven a rehusar órdenes y critican desde adentro o afuera el propósito del gobierno, se convierten en sospechosos y quienes «dañan» al país y su lucha contra «el mal».

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