20Hace cinco años, Chile ardía en protestas. Las calles gritaban contra un sistema que prometía estabilidad, pero acumulaba desigualdades. Hoy, tras dos constituciones rechazadas, escándalos de corrupción y una polarización que divide hasta las cenas familiares, me pregunto: ¿Qué pasó con la clase política que prometió escuchar?

La trampa de la reactividad: cuando gobernar es apagar incendios

En octubre de 2019, el alza del pasaje del metro fue la chispa que reveló un país secuestrado por la urgencia. Los políticos, como bien dijo Gabriela Mardones, una joven que participó en las protestas, «no anticiparon el descontento, solo reaccionaron cuando las calles ya estaban en llamas». El proceso constituyente, que debía ser la gran salida institucional, terminó convertido en un campo de batalla ideológico. En 2022 y 2023, los chilenos rechazaron dos textos: uno por ser demasiado progresista, otro por conservador. «El problema no fue el contenido, sino la incapacidad de los líderes para construir consensos», señaló Axel Callis, sociólogo de Tú Influyes.

Hoy, el Gobierno de Boric navega entre críticas al Banco Central, tarifas eléctricas disparadas y una oposición que, según el informe de 2024 de Freedom House, prefiere el «no» sistemático antes que negociar. ¿Planificación estratégica? Parece un lujo del pasado.

Fragmentación y egoísmo partidista: el cáncer de la democracia chilena

Chile tiene 22 partidos políticos registrados, pero ninguno logra articular una mayoría estable. «Es un sistema de partidos pyme«, ironiza Axel Callis, refiriéndose a grupos pequeños con pocos militantes, cuyo objetivo no es representar ideas, sino captar recursos del sistema electoral. Estos partidos operan como empresas: se financian con aportes públicos —según datos del Servel 2, los partidos reciben fondos proporcionales a su votación— y lucran con los altos sueldos de cargos electos. «Todos quieren su pedazo de poder, pero nadie asume el costo de gobernar», añade Callis.

Esta dispersión se traduce en leyes estancadas: la reforma de pensiones, tras 12 años de discusión, hoy avanza con un acuerdo tan frágil que expertos como Patricio Navia advierten que «puede quebrarse en cualquier momento». El proyecto para regular las isapres sigue en veremos, según el informe de Human Rights Watch .

La derecha, fragmentada entre republicanos intransigentes y una UDI debilitada, prioriza desgastar al Gobierno antes que legislar. Mientras, la izquierda se aferra a un discurso reformista que choca con la falta de mayorías. ¿El resultado? Un Parlamento que, como bien resume el Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC), refleja una ciudadanía cada vez más indiferente: el 40% de los no votantes afirma que «le da igual vivir en democracia o autoritarismo».

El peso de las élites: cuando los intereses económicos dictan la agenda

No es casualidad que las reformas estructurales —pensiones, salud, tributaria— naufraguen una y otra vez. Según el informe de Human Rights Watch, grupos empresariales han bloqueado cambios que afectarían sus privilegios, como la regulación de las AFP o el sistema de isapres. El escándalo de 2023, donde se desviaron fondos públicos a ONG vinculadas a partidos políticos, expuso cómo el clientelismo corroe las instituciones.

Basta ver cómo el lobby minero influyó en el acuerdo entre Codelco y SQM: un pacto pragmático, pero lejos de una política de Estado para el litio.

Polarización y miedo: el combustible del cortoplacismo

La elección de 2021 entre Boric y Kast marcó un punto de quiebre: dos visiones antagónicas que convirtieron el diálogo en un arte perdido. «La derecha cree que mientras más le pegue al Gobierno, mejor le irá electoralmente», advierte Axel Callis. Y el oficialismo, atrapado en su propia retórica, no logra tender puentes.

Este clima se alimenta de un discurso del miedo: seguridad vs. derechos humanos, orden vs. caos. Como bien analiza DW, aunque Chile tiene una de las tasas de homicidio más bajas de Latinoamérica, el 69% de los ciudadanos nombra la delincuencia como su principal preocupación. La respuesta política ha sido reactiva: enviar militares a la frontera norte, aprobar leyes que blindan a Carabineros de investigaciones, pero sin abordar causas profundas como la desigualdad o el narcotráfico.

 

¿Hay esperanza? Un sistema que puede (y debe) reinventarse

Aunque el panorama parece oscuro, hay destellos de cambio. El mismo ELSOC revela que los votantes habituales —aquellos que aún creen en la democracia— prefieren opciones de centroizquierda.

La clave, como propone Axel Callis, está en reformar el sistema político: eliminar pactos electorales, acabar con los «partidos pichiruchi» y exigir accountability a quienes legislan. Mientras, Boric tiene una ventana hasta mayo para impulsar proyectos sin presión electoral. ¿Lo hará?

Fuentes consultadas: