Bastaron exactamente 21 días. Tres semanas para que la promesa de orden de José Antonio Kast revelara su verdadera arquitectura: una transferencia de riqueza acelerada y sin anestesia. Agitando el fantasma de un "país en quiebra" —una exageración retórica para un Estado cuya deuda sigue muy por debajo del promedio OCDE—, el nuevo gobierno ha desatado una terapia de shock que ya desplomó su aprobación presidencial del 47% al 34%.
La receta es la misma de siempre, pero más brutal: mientras las familias chilenas absorben de golpe alzas de hasta un 62% en el diésel, en los despachos ministeriales se afina una rebaja tributaria para las grandes corporaciones.
Al mando de esta demolición no hay grandes estadistas, sino los tecnócratas del despojo, con el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a la cabeza. Representantes de ese amiguismo nacional de clase alta que se reproduce en los mismos colegios de élite y en los mismos directorios cruzados. Un club cerrado que busca desmantelar la precaria seguridad social que nos queda para socializar la pérdida y privatizar la ganancia entre sus amigos.
La farsa de la quiebra y la motosierra dirigida
El relato oficial habla de cajas vacías, ignorando deliberadamente que el problema fiscal chileno —con un déficit estructural del 3,6%— es un arrastre de más de una década, exacerbado por el bloqueo sistemático de la derecha a cualquier pacto tributario durante la administración Boric. Chile mantiene una deuda bruta de entre el 41% y el 43% del PIB. Para ponerlo en perspectiva, el promedio de la OCDE es del 83%, y el de Latinoamérica ronda el 60%. Chile no está quebrado, pero el gobierno necesita que lo creamos.
Esa es la coartada perfecta para el hachazo. El recorte lineal del 3% en los ministerios (buscando un ahorro inicial de US$3.000 millones para llegar a US$6.000 millones) no elimina "grasa estatal", sino que asfixia áreas operativas ya estresadas. A esto se suma la revisión de cerca de un millón de funcionarios públicos, lo que tiene a la ANEF en pie de guerra ante la inminencia de despidos masivos.
El bolsillo ciudadano y el historial de Quiroz
La verdadera cara de este modelo de despojo se ve en los surtidores. No se trata de porcentajes abstractos en una hoja de cálculo, sino del golpe seco en el día a día. Pensemos en un caso cotidiano y real: un conductor que acostumbra a cargar bencina siempre en el mismo punto de vacío del estanque y que regularmente pagaba entre 21 mil y 22 mil pesos. Hoy, yendo a la bomba con el estanque bastante más lleno —es decir, inyectando menos litros—, la cuenta le salta a 27 mil pesos. Terminas echando menos combustible y pagando muchísimo más.
Esa es la brutalidad de eliminar el MEPco: alzas de 372 pesos por litro en la de 93 octanos y un salto salvaje de 580 pesos en el diésel.
Mientras la población asume el costo de esta austeridad agresiva, la propuesta estrella del gobierno es bajar el impuesto corporativo del 27% al 23% (con la meta de llevarlo al 17%). La ecuación es obscena: tú pagas la crisis al llenar el estanque, ellos se reparten las utilidades en Sanhattan.
No debería sorprendernos si miramos quién tiene la calculadora. El Ministro Jorge Quiroz no es un teórico de libre mercado: es un gerente de la oligarquía corporativa. Su historial está marcado por una fiscalización laxa frente a escándalos de colusión infames en la década pasada —desde las farmacias hasta el papel higiénico—. Poner a Quiroz a cuidar la billetera fiscal es entregarle las llaves del país al cartel de exalumnos que solo sabe operar bajo la lógica del amiguismo y el blindaje a sus pares.
Improvisación, pánico y migajas
Pero la motosierra ha resultado torpe. Acostumbrados a mandar en directorios donde nadie los cuestiona, la realidad política les ha estallado en la cara. El erratismo es evidente: anunciaron un recorte de $72.669 millones a Carabineros y la PDI, solo para tener que retirarlo horas después por la presión interna de su propio sector.
Ante el desplome en las encuestas, la respuesta de los tecnócratas ha sido lanzar migajas reactivas: US$225 millones en subsidios de gas licuado y bonos de 100 mil pesos mensuales por medio año a nueve mil embarcaciones artesanales. Son paliativos desesperados que no logran tapar la herida estructural que ellos mismos están abriendo.
El gobierno de Kast no vino a poner orden: vino a cobrar.
Lo que hemos presenciado en estas tres semanas es la importación calcada del manual de Javier Milei en Argentina, una amenaza que advertimos hasta el cansancio durante la campaña, y que hoy es política de Estado. Es la motosierra como dogma: se suben a la ola global de la ultraderecha para aplicar una doctrina del shock acelerada, apostando a que el agobio económico de llegar a fin de mes y el agotamiento ciudadano asfixien cualquier intento de resistencia.
Creen que el shock paraliza.
Pero hay un grave error de cálculo en este cartel de exalumnos, y el desplome al 34% de aprobación en tiempo récord lo confirma: la sociedad chilena ya no es un laboratorio dócil. Ya sabemos reconocer cuándo nos están despojando, sin importar cuántos gráficos en Excel usen estos tecnócratas para disfrazar el saqueo.